Cuando cumplí quince años me enteré de que mi vecinita Lucy había sido víctima de abuso sexual por parte del novio de su madre, la abuela la llevó a un ministerio público donde la cohesionaron a que dejara de insistir en la denuncia; el argumento, que su hija iba a ser encarcelada por complicidad. La abuela cuidaba a la nieta por las tardes, iba por ella a la escuela y se quedaba hasta la noche en que la madre llegaba del trabajo.

Un día llamaron de la escuela porque Lucy se había caído de sentón y sangraba mucho, se espantaron porque no era normal. La abuela acudió inmediatamente y cuestionó a la pequeña que apenas tenía cinco añitos, lo que ella le platicó fue atroz, el novio de su hija había abusado sexualmente de ella. Sin dudarlo, la abuela llevó a Lucy a levantar la denuncia, sin avisarle a la madre para que no alarmaran al susodicho. Todo fue en balde, la abuela desistió por miedo y nadie la asesoró.

Cuando me enteré me pareció imposible que nadie pudiera apoyarla, que nosotras mismas no pudiéramos ayudarla. Ese día me encomendé a estudiar leyes y orientar a las madres y a las menores víctimas de cualquier delito como meta en la vida.

Durante la universidad un grupo de mujeres realizamos una investigación sobre la impartición de justicia desde el primer contacto que se tiene con la víctima hasta el dictado de la sentencia por un juez. Los resultados nos arrojaron que el noventa y cinco por ciento de denuncias no habían sido sentenciadas, se quedaron en algún momento del proceso; únicamente cinco por ciento de las denuncias habían culminado y no todas las sentencias habían sido favorables para las víctimas. La historia de Lucy hacía mucho sentido con estas cifras.

Conformamos un grupo muy sólido y profesionalizado sobre el tema, por lo que decidimos continuar con nuestra investigación después de la universidad y lo primero que hicimos, fue revisar los protocolos de atención especializada dentro de los ministerios públicos que son el primer lugar al que se acude a denunciar. Resultó que, aunque existían instancias especializadas, la mayoría se quedaron en esta etapa sin avanzar a las siguientes. Los protocolos de atención a las menores víctimas de violencia sexual no se ejecutaban por los ministeriales, por lo que las denuncias ya no continuaban y en este primer paso desistían.

Con estos primeros datos creamos un equipo con investigadoras, trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas con las que diseñamos un protocolo que funcionara. Establecimos un procedimiento que incluía sensibilización y trabajo con las personas que reciben las denuncias; pero las cifras no cambiaron durante dos años completos, nos sentíamos muy frustradas.

Decidimos sumar a desarrolladoras de tecnología, analistas de datos y mujeres de más disciplinas para analizar nuestras variables. Después de mucho analizar los datos y de revisar profundamente, nos dimos cuenta de que el problema siempre aterrizaba en las personas que eran el primer contacto con las víctimas. Estas personas recibían diariamente muchas denuncias y su apreciación de empatía se había visto trastocada, además de que las cifras alrededor de actos de corrupción y soborno en esta etapa eran muy altas, por lo que una denuncia por abuso sexual no les retribuía.

Conforme avanzamos con nuestra investigación de datos y la cuestión de reforzar la ejecución legal, se abrieron paso también los prototipos automatizados de recepción de denuncias de diferentes delitos de manera remota sin necesidad de atención personal. Se empezaron a realizar denuncias en las páginas oficiales, donde ya se contaba con los datos biométricos de los usuarios. El registro de la identidad a partir del reconocimiento facial y ocular había permitido que este tipo de denuncias fueran más ágiles y sin tanto trámite.

Las denuncias aumentaron con esta tecnología y los ministerios públicos de los años dos mil veinte comenzaron a desaparecer. Únicamente quedaban algunos ministerios de delitos especializados, como el de delitos de abuso sexual infantil.

Las mujeres interdisciplinarias que conformamos este equipo de investigación no desistimos en ningún momento, nos alineamos a los nuevos protocolos, a los cambios legales y a las nuevas formas de levantar denuncias.

Creamos un prototipo que llamamos “Justicia expedita”, porque es lo que tantas víctimas habían exigido en el pasado, el derecho a una justicia pronta, legal y alineada a los procesos. Nuestro prototipo estaba destinado principalmente al primer contacto con la víctima, la cual realizaba una videollamada para levantar su denuncia, se podía hacer desde cualquier dispositivo con videocámara. Se registraban los datos biométricos y se podía presentar por menores de edad, independientes, sin acompañamiento de un adulto, pero también con acompañamiento. Todo esto nos permitió que muchas niñas y niños realizaran la denuncia de manera independiente sin la autorización de sus tutores.

Las niñas y los niños no mienten sobre este delito, las cifras nos lo decían claramente, sin embargo, se realizaba un sondeo de la veracidad de la información con preguntas similares a las que se realizan en una evaluación poligráfica, la modulación de la voz es algo en lo que no saben mentir a cierta edad. Nos metimos con algunos vericuetos legales sobre la independencia de la niñez, pero luego que pudimos resolverlos presentando datos de cuántas denuncias no se realizaban porque no había credibilidad ni acompañamiento a los menores por parte de sus padres o tutores, fueron aceptadas.

Acceder a un aparato de comunicación remota por parte de los infantes no tiene ninguna dificultad, actualmente es difícil encontrar un menor que no tiene acceso a alguno, por lo que consideramos que este sistema de denuncia debía ser acompañado por una difusión y sensibilización en las escuelas para tener un mayor impacto.

El primer año de lanzamiento del prototipo se recibieron alrededor de ciento cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis denuncias en todo el país, noventa y siete por ciento más que el año anterior en el que no existía “Justicia Expedita”. Las cifras nos resultaron alarmantes, tristísimas, cuántas historias se quedaron en el pasado.

Después de estas primeras denuncias, el procedimiento dicta que se deben presentar las trabajadoras sociales en el hogar y realizar un peritaje con una orden a previa solicitud del menor. Al encontrar los indicios mínimos se comienza la investigación del abuso y se pone al menor a disposición con un familiar de confianza que ellos mismos hayan recomendado o en un albergue monitoreado por la Instancia Nacional Infantil. Con este nuevo proceso, hemos abierto la perspectiva adultocentrista también, le damos valor a los menores para denunciar y se realiza una investigación completa a partir de esto.

La persona denunciada por el menor se geolocaliza rápidamente durante el proceso y se pone a disposición de las autoridades con una orden. No hay forma de que no se continúe con la investigación hasta el final, al abrir un nuevo expediente y al estar registrados los datos en el sistema, no se puede concluir hasta que un juez dictamine el caso. Cuando no se concluye en el tiempo estimado, se realiza una alerta para revisar la situación de manera particular por un grupo ciudadano de seguimiento y en caso de que sea una omisión del proceso o por parte de los jueces, se lleva a declarar y se le abre un expediente por omisión, nadie quiere ver manchado su historial con una llamada de atención ciudadana.

Y bueno, la justicia tampoco es como la conocíamos cuando yo me inicié en las leyes. Ahora, los datos arrojan un veredicto, el cual debe ser validado por tres jueces en la materia competente y en el que los delitos de abuso sexual infantil e inclusive de abuso sexual a las mujeres, siempre deberá sentenciarse por un equipo de por lo menos dos mujeres jueces.

Las mujeres ocupamos espacios de decisión, mujeres que fueron víctimas de abuso en el pasado, mujeres que lograron sobresalir a pesar de la injusticia de los procesos, mujeres como Lucy, que actualmente está haciendo su servicio en el equipo desarrollador de tecnología automatizada de delitos contra menores.

Ana Laura Corga. Ciudadana tlalpense, feminista, apasionada de los gobiernos locales, las letras, la ciencia ficción, el terror, el café, la cerveza, las noches, el rugir del mar, la comida mexicana, el fútbol, el box y los perritos. Co-coordinadora Especulativa.